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YACHANA Revista Cientíca, vol. 12, núm. 1 (enero-junio de 2023), pp. 31-41
Arroyo, A., & Brito, A.
Big Data y su aplicación en el área legalBig Data y su aplicación en el área legal
estaba en la posibilidad de quedarse sin
agua, y a través de la información que brin-
daban los sensores en las presas de agua, y
los medidores de agua de cada hogar, se
comunicó a la ciudadanía el consumo que
debía realizar cada uno para evitar las con-
secuencias de la sequía. (Rojas-Quesada &
Valenciano-Hernández, 2019)
Debemos aclarar que no toda información
que poseen las entidades públicas es con-
dencial, sin embargo, debería existir el
compromiso de proteger a cabalidad la in-
formación que sí se considera condencial
que manejan de los ciudadanos.
Recordemos que, en septiembre de 2019
en Ecuador, un fallo en el servidor de una
empresa de marketing reveló información
importante de casi todos los ciudadanos
ecuatorianos, información que contenía
nombres, fechas de nacimiento, declara-
ciones tributarias y actualizaciones labo-
rales (Plan V, 2019). En América Latina,
países como Brasil, Chile, Argentina y
México, han aprobado reformas legales
sobre la protección de datos, justamente
para evitar lo que ocurrió en el caso ecua-
toriano mencionado.
Big Data y el efecto que tendría en el
acceso a una mayor información de los
procesos judiciales
La Constitución de la República del Ecua-
dor, en su artículo 16, numeral 2, establece:
“Todas las personas, en forma individual o
colectiva, tienen derecho a: (…) 2. El ac-
ceso universal a las tecnologías de infor-
mación y comunicación”; y, en su artículo
16, numeral 2 dispone: “Todas las perso-
nas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a: (…) 2. Acceder libremente a la
información generada en entidades públi-
cas.” (Asamblea Nacional, 2008)
El artículo 1 de la Ley Orgánica de Trans-
parencia y Acceso a la Información Públi-
ca, estipula: “El acceso a la información
pública es un derecho de las personas que
garantiza el Estado. Toda la información
que emane o que esté en poder de las insti-
tuciones, organismos y entidades, personas
jurídicas de derecho público o privado que,
para el tema materia de la información ten-
gan participación del Estado o sean con-
cesionarios de éste, en cualquiera de sus
modalidades, conforme lo dispone la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Es-
tado; (…), están sometidas al principio de
publicidad; por lo tanto, toda información
que posean es pública, salvo las excepcio-
nes establecidas en esta Ley.” (Congreso
Nacional, 2004)
En virtud de lo mencionado, y relacio-
nándolo con el derecho de acceso a la in-
formación de los procesos judiciales, por
ejemplo, las personas en general tienen
acceso al Portal web e-SATJE, Ocina de
Gestión Judicial Electrónica, en la cual
pueden realizar la búsqueda de procesos
judiciales, para lo cual deben completar los
campos que indican, y que corresponden a
los datos como apellidos, nombres y cédu-
la, RUC o pasaporte del actor o defendido
y del demandado o procesado; así como,
el código de dependencia, año y número
secuencial del proceso. Si bien es cierto,
la información está disponible, también
debemos aclarar que, si no tenemos los da-
tos mencionados, no podremos realizar la
búsqueda.
El artículo 2 ibídem menciona como uno
de sus objetivos, en su literal a) Cumplir
lo dispuesto en la Constitución Política
de la República referente a la publicidad,
transparencia y rendición de cuentas al que
están sometidas todas las instituciones del
Estado que conforman el sector público,